FONABOSQUE

La Paz, febrero de 2026. El Fondo Nacional de Desarrollo Forestal (FONABOSQUE), ejecutará una auditoría técnica y legal a los 78 proyectos de la gestión pasada, debido a las irregularidades identificadas por la Coordinación en Planificación y Evaluación de Proyectos señalados como crítico. A partir de la cual, se realizarán acciones legales y administrativas a los responsables, aseguró la Directora Ejecutiva de la Institución, Ana Marietta Colanzi.

El análisis preliminar de los proyectos heredados, ha identificado deficiencias críticas que comprometen la transparencia institucional. Como punto álgido e importante, se han detectado niveles de ejecución física menores al 10% frente a desembolsos económicos de casi el 100%, mostrando una incoherencia financiera que requiere una investigación profunda.

Asimismo, se han detectado irregularidades de alto riesgo relacionadas con la ubicación de estudios de pre-inversión fuera de las áreas de Tierras de Producción Forestal Permanente, el uso de especies forestales no adecuadas para las ecorregiones correspondientes, la persistente debilidad en los perfiles técnicos y la falta de acreditación de derecho propietario en diversos casos.

Como medida inmediata, ante las irregularidades encontradas, Colanzi explicó que se suspenderán las actuaciones administrativas referidos a los proyectos como: desembolsos de recursos públicos hacia entidades ejecutoras; ampliaciones, modificaciones o adendas a convenios; inclusive, plazos de presentación de informes y toda obligación que deban cumplir las entidades financiadora y ejecutoras. Para ingresar los 78 proyectos a una auditoría técnica y legal.

La decisión que plantea la Dirección de FONABOSQUE tendrá una duración de veinticinco (25) días hábiles, computables a partir del 18 de febrero al 25 de marzo del año en curso. Plazo que podrá ser prorrogado de manera excepcional mediante nueva resolución debidamente motivada.

La pausa administrativa se adopta en aplicación del principio de control preventivo, del principio de precaución administrativa y en resguardo del interés público, con la finalidad exclusiva de permitir la verificación técnica, financiera y legal.